La formación de técnicos industriales y el énfasis en la innovación tecnológica y la estandarización de objetos no fueron precisamente objetivos centrales de la formación que entregaban las escuelas técnicas formativas en el país. Más bien, las llamadas “artes aplicadas” tendieron a incorporar sobre dichos supuestos sus aportaciones artísticas y decorativas. Así, se tornó dominante una enseñanza que privilegió la dimensión estética-simbólica por sobre aquellos aspectos inherentes a la tecnología y la funcionalidad de los objetos. desatendiendo, de forma unitaria, las cuatro fases propias de desarrollo de un producto industrial: el proyecto, la producción, la venta y el consumo. El colapso del modelo económico basado en la exportación de recursos naturales en el contexto de políticas de libre mercado hizo necesario recurrir a la intervención estatal con la urgencia de transformar al sector público en un agente productivo. De esta forma, la adopción del modelo económico de “desarrollo hacia adentro” respondió a la necesidad de insertarse en las nuevas condiciones de la economía mundial que se extendieron hasta bien avanzado el período de posguerra. La realidad determinó que ante la ausencia de agentes dinámicos apropiados y una infraestructura moderna, el Estado asumiera un rol central como garante y promotor del desarrollo económico del país, con el fin de construir las bases de una modernización nacional con un fuerte desarrollo de infraestructuras industriales. Este proceso significó el devenir de dos etapas en el despliegue del modelo económico imperante: una primera fase, que se extendió de 1938 a 1954, de “sustitución fácil de importaciones” en el sentido que el principal factor que impulsó el crecimiento fue la demanda interna por bienes manufacturados; y una segunda etapa de reformas estructurales entre 1954 y 1973, denominada habitualmente de “sustitución difícil de importaciones”, que intentó aminorar la dependencia de los insumos importados e incrementar la eficiencia económica. Previo al cambio, la industria chilena presentaba una tendencia a la producción de bienes de consumo básico y una fuerte dependencia de los productos de exportación, así también de capitales y tecnología extranjera, lo que implicó fortalecer la industrialización nacional de productos destinados al mercado interno. La industrialización del país asomó entonces como una necesidad imperiosa de escenificación del tiempo histórico nacional proyectado hacia un futuro promisorio. Su desarrollo permitiría a Chile abandonar el pasado republicano para insertarse en los cánones de la modernidad que exigía el cambio de siglo; una proyección que demandaba una inminente autonomía respecto de los grandes centros productivos. Pero los afanes industrializadores no sólo tenían una vocación económica; también encarnaban un programa social e identitario destinado a incorporar a los diversos sectores de la población bajo un proyecto común, al amparo de un estado de compromiso y bienestar. En líneas generales, este anhelo modernizador apuntó hacia el fomento de la industria y la propaganda, el otorgamiento de patentes de invención y modelos industriales, y el registro de marcas comerciales ya que se veía con buenos ojos la posibilidad de un cruce entre la artesanía y los adelantos de la tecnología industrial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se buscó el desarrollo de una red de empresas de manufacturas nacionales bajo la tuición del Estado. Ejemplo de ello fue la renovación de equipos y maquinarias que efectuaron las grandes y medianas empresas, lo que trajo como consecuencia un incremento en la importación de estos bienes de capital, así como la mayor proliferación de artículos de consumo. Sin embargo, transcurridos algunos años la etapa de sustitución de importaciones comenzó a evidenciar signos de estancamiento. En este panorama característico de las economías del cono sur, al agotarse la sustitución fácil y entrar a etapas en que se requerían tecnologías más complejas y escalas que superaban las dimensiones del mercado nacional, la industria nacional vio estrecharse sus posibilidades de expansión. Con la llegada del gobierno socialista de Salvador Allende en 1973, se impulsó una política que significó un cambio radical en el sector productivo al intentar generar una racionalización en la fabricación de productos de primera necesidad y de uso cotidiano tales como mobiliario, utensilios de cocina, electrodomésticos e incluso vehículos. Esta iniciativa significó la incorporación del diseño industrial como una herramienta esencial para la concepción y elaboración de ciertos productos, generándose una relación entre teoría y práctica que buscó establecer un programa estatal de diseño.